SANTO DOMINGO.- El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), registra un crecimiento de 4.6% para el sector construcción durante el primer cuatrimestre de este año. Hoteles, bares y restaurantes (39.9%), otras actividades de servicios (11.2%), manufactura de zonas francas (8.2%), transporte y almacenamiento (8.2%), comunicaciones (7.6%), administración pública (7.5%), salud (7.4%), comercio (7.1%), servicios financieros (6.5%)), entre otras.

IMAE anota un crecimiento promedio de 5.8% durante los primeros cuatro meses del presente año, por encima del ritmo de expansión potencial de la economía, consistente con el crecimiento de 6.1% experimentado en el primer trimestre y la variación interanual de 4.7% evidenciada en abril de 2022.

La actividad hoteles, bares y restaurantes, en términos de valor agregado real arrojó una variación relativa de 39.9%, impulsada por la llegada de 1,943,493 extranjeros no residentes durante los primeros cuatro meses del año, equivalente a un crecimiento interanual de 181.2%, así como una tasa de ocupación promedio superior al 70%.

Es importante destacar que el total de visitantes no residentes en el mes de abril alcanzó un máximo histórico para ese mes de 626,010 turistas superando en 7.1% al total de turistas recibidos en igual mes de 2019, evidenciando niveles superiores a los registrados antes de la pandemia.

Estos resultados positivos confirman la resiliencia de la economía dominicana ante el entorno internacional prevaleciente en la actualidad, caracterizado por los recientes conflictos geopolíticos y el choque de costos global, dice el Banco Central de la República Dominicana sobre los resultados preliminares de la economía a abril del año 2022.

Construcción reduce crecimiento

IMAE coloca el crecimiento del sector construcción en 4.6%; mientras para el período enero-marzo 2022, tuvo un aumento de 6.3 %; en tanto que el reporte enero-febrero del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) colocó en un promedio de 4.8% el incremento interanual de este renglón.

Este tímido crecimiento del sector está vinculado a la situación actual que se vive frente a las alzas de los materiales de construcción, que representa una preocupación constante para sus actores y para los adquirientes; sumado a los problemas generados por la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otras variables.

Hasta el momento el Gobierno no ha tomado ninguna medida que frene las alzas ni ha respondido las propuestas elevadas por gremios del sector que han demandado adoptar medidas, frente a la situación.

Una de ellas fue la solicitud hecha al Estado para evaluar en -conjunto con la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias (CDC)-, la necesidad de eliminar las medidas antidumping vigentes, por un período de 6 meses, lo que permitiría la entrada de productos esenciales de la construcción, como el acero, entre otros, con el arancel establecido para el mismo, sin ninguna penalidad o costo adicional”.

En un comunicado hecho en abril pasado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), pidieron estudiar las propuestas con el objetivo de preservar el derecho de más dominicanos a acceder a una vivienda digna.

Igualmente los gremios del sector construcción, plantearon iniciativas de carácter monetario y financiero, con miras a crear las condiciones para promover el acceso a facilidades de financiamiento con préstamos interinos a tasas competitivas para los promotores de proyectos inmobiliarios.

“Así como también, préstamos hipotecarios, a baja tasa de interés y reducción del impuesto de transferencia a los adquirentes de viviendas nuevas del 3% al 2%, por un periodo de un año”, sugieren.

“A modo de diversificar las compras y contrataciones, se propuso evaluar la posibilidad de realizar licitaciones públicas abiertas de carácter nacional e internacional por parte del Estado, con la intención de abrir la brecha para la compra de ciertos productos de construcción necesarios para el desarrollo de proyectos del sector público”, sugirieron.

Fuente: El Inmobiliario