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“El país tiene la gran necesidad de que ese contrato termine ya”

460-elpaistienlagranneceEl ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, advirtió que el contrato de concesión de la Autopista del Nordeste o de Samaná será terminado cuánto antes por necesidad del país.

Informó que en la actualidad se está revisando el convenio con la participación de abogados y técnicos de la entidad que dirige y del Ministerio de Hacienda para llegar a un acuerdo.

De manera enfática el funcionario indicó que quieren llegar a un acuerdo amigable, pero que el país tiene la necesidad de que ese contrato termine, “pero cuanto antes”.

“Lo que pasa es que hemos tenido unos bonistas internacionales involucrados ahí, que el Banco Mundial, a través de su organismo MIGA, fue el que aseguró, y ellos vinieron a reunirse conmigo, porque yo le he sido claro y enfático y ellos quedaron de venir a traerme una propuesta, no la han traído y de eso hace ya más de seis meses”, sostuvo.

El MIGA es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial , que traducido al inglés es: Multilateral Investment Guarantee Agency, (OMGI).

Adelantó que la Autopista del Nordeste o de Samaná pasará a ser administrada por el fideicomiso RD Vial. Informó que ha sido un proceso largo de negociaciones que no se termina, “pero llamaremos ya en poco tiempo”, advirtió.

“Si nosotros rompemos la concesión, ellos tienen que pagarles a los bonistas y concesionarios, el Banco Mundial, y nosotros no queremos problemas ni con el Banco Mundial ni con los bonistas, pero lo mucho hasta Dios lo ve”, insistió.

Durante los últimos seis años el Estado ha pagado un subsidio de RD$13,517.4 millones por el poco tránsito vehicular. El contrato de concesión fue firmado durante el gobierno de Hipólito Mejía, continuó en la administración siguiente de Leonel Fernández. Una vez concluida la obra, las expectativas de cobro en los peajes no se cumplió, por lo que el Estado se ve en la obligación de pagar el llamado subsidio “sombra”. Desde el 2013 se insiste en que el contrato de concesión debe ser revisado para que el Estado no siga invirtiendo millones de pesos en subsidio.

 

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